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EPÍGRAFE 7 MATERIA CIVIL Y MERCANTIL. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL ORDEN CIVIL Y MERCANTIL

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL

JURISDICCIÓN

Las normas que atribuyen la jurisdicción a los Tribunales españoles y las que conceden a los jueces civiles la jurisdicción, y el conjunto de criterios que permiten atribuir una cuestión determinada a un órgano de la jurisdicción se desarrollan sobre tres criterios de competencia: Objetiva, territorial y funcional.

Tip regulación: artículo 22 LOPJ & artículos 45 a 62 LEC.

El orden jurisdiccional civil se extiende –art. 45 a 62 LEC–:

  • Con carácter exclusivo, los derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España; la constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como los acuerdos y decisiones de sus órganos; la validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español; las inscripciones de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o efectuado en España el depósito o registro; el reconocimiento y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y las decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.
  • Con carácter general, las cuestiones relativas a los contratos en los que las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o Tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España.
  • En defecto de los anteriores criterios, y en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español; en materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, cuando éstos tuviesen su residencia habitual en España.
  • En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro; en materia de filiación y de relaciones paterno filiales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España; para la constitución de la adopción, cuando el adoptante o el adoptado sea español o resida habitualmente en España; y en materia de alimentos, cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia habitual en territorio español.
  • En materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tenga su residencia habitual común en España; y en las acciones relativas a bienes muebles, si éstos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda.
  • En materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.
  • En materia de contratos de consumidores, cuando el comprador tenga su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a financiar su adquisición; y en el caso de cualquier otro contrato de prestación de servicio o relativo a bienes muebles, cuando la celebración del contrato hubiere sido precedida por oferta personal o de publicidad realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato.
  • En materia de seguros, cuando el asegurado y asegurador tengan su domicilio habitual en España; y en los litigios relativos a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español.
  • En materias propias de Derecho mercantil, Derecho concursal y marcas de la Unión Europea.

El artículo 22 LOPJ dispone que con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:

  1. Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en España. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una persona física y que éste y el propietario estén domiciliados en el mismo Estado.
  2. Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos.
  3. Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español.
  4. Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro.
  5. Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero.

Igualmente el artículo 45 LEC señalando que:

  1. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales.
  2. Conocerán, asimismo, dichos Juzgados:
  3. De los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  4. De los concursos de persona natural que no sea empresario.

En cuanto a la competencia funcional el ejercicio de la jurisdicción civil corresponde a los siguientes órganos jurisdiccionales: Sala Primera del Tribunal Supremo, Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Mercantil y Juzgados de Paz.

  • La competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (56 LOPJ) se extiende al conocimiento de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil establecidos en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, así como a las demandas de responsabilidad civil promovidas tanto contra el Presidente y los Magistrados del mismo Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, siempre por hechos realizados en el ejercicio de sus respectivos cargos, como las planteadas contra los integrantes de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, también por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos.
  • Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (73 LOPJ) se extienden a los siguientes extremos: i) recursos de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución; ii) del recurso extraordinario de revisión si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución; iii) las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley; iv) cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común; además, v) conocerán en única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos de Autonomía, al Tribunal Supremo; y, frente a todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial.
  • Las Audiencias Provinciales (82.2 LOPJ) conocerán los recursos frente a las resoluciones de los órganos de primera instancia que establezca la Ley.
  • Los Juzgados de Primera Instancia (85 LOPJ) tendrán competencia para conocer: “1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales. 2. De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes. 3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido. 4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido. 5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, 6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos previstos en su Ley reguladora.”
  • Los Juzgados de Paz tienen atribuido, en el ámbito procesal civil, el conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a noventa euros que no estén comprendidos en ninguno de los casos a que alude el artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los juicios verbales por razón de la materia.

La competencia territorial ha sido regulada por los artículos 50 y siguientes de la LEC conforme a las siguientes normas:

  • Con carácter general, la competencia territorial corresponde al Tribunal del domicilio del demandado y, si no lo tuviere en el territorio nacional, será Juez el de su residencia en dicho territorio.
  • Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España, pueden ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.
  • En los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, los empresarios y profesionales pueden también ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor.
  • Las personas jurídicas deben ser demandadas en el lugar de su domicilio; o, en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la propia entidad.
  • Los entes sin personalidad pueden ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad.
  • En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles el Tribunal competente es el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Y en los casos en que la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes circunscripciones, el Tribunal competente es el de cualquiera de éstas, a elección del demandante.
  • En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos, la competencia corresponde al Tribunal del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, al del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o al del lugar donde se desempeñe la administración, a elección del actor en cualquiera de los referidos casos.
  • En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, es tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que recayeren.
  • En los juicios sobre cuestiones hereditarias, el Tribunal competente es el del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante.
  • En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o declarados pródigos, es competente el Tribunal del lugar en que éstos residan.
  • En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, es competente el Tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el Órgano jurisdiccional del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.
  • En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, es competente el Tribunal del lugar en que esté sita la finca.
  • En los juicios en materia de propiedad horizontal, el Tribunal competente es el del lugar en que se encuentre la finca.
  • En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor es competente el Tribunal del lugar en que se causaron los daños.
  • En materia de impugnación de acuerdos sociales, la competencia corresponde al Órgano jurisdiccional del lugar del domicilio social.
  • En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, es competente el Tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante.
  • En los juicios en materia de competencia desleal, es competente el Tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio o lugar de residencia. Cuando no lo tuviere en territorio español, el Tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante.
  • En materia de patentes y marcas, el Tribunal competente es el que señale la legislación especial sobre dicha materia.
  • En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, el Tribunal competente es el del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativas, de cesación o de retractación, la competencia le viene atribuida al Tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio. Y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.
  • En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relación con un procedimiento administrativo de apremio, es competente el Tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las Administraciones Públicas en materia de competencia territorial.
  • En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de éste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor.
  • Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el acuerdo de mediación (545.2 LEC).

LA ESPECIALIZACIÓN MERCANTIL.

En el ámbito de la jurisdicción civil nuestro legislador decidió crear en atención al principio de especialidad los órganos o Juzgados Mercantiles, lo que fue introducido por medio de la la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).

Así́, el artículo 86 bis en la LOPJ que señala:

  • Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá́ uno o varios juzgados de lo mercantil.
  • También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción.
  • Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a dos o más provincias de la misma comunidad autónoma, con la salvedad de lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
  • Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria”.

Durante los últimos años se ha optado por la configuración provincial de los Juzgados de lo Mercantil, aunque podrían crearse Juzgados de lo Mercantil en poblaciones distintas a la capital en atención a determinadas circunstancias. Además, los juzgados Mercantiles con competencia exclusiva han venido conviviendo con juzgados de primera instancia con competencias mercantiles atribuidas.

Por otra parte, el legislador ha admitido la posibilidad de crear una sección o secciones de la Audiencia Provincial especializada, para conocer de los recursos frente a las resoluciones adoptadas en primera instancia por los juzgados de lo mercantil (82.4 LOPJ[1]). Y, en su caso el acceso a la Sala I del Tribunal Supremo de magistrados con esta especialización, por lo que conforme al artículo 344 de la LOPJ de cada 4 plazas dos se reservan para el acceso por medio de la especialización mercantil[2].

COMPETENCIA PROPIA DE LOS JUZGADOS MERCANTILES.

Los Juzgados de lo Mercantil constituyen una especialidad en el ámbito de la jurisdicción civil con competencias objetivas propia fijada por la Ley. Así, el artículo 86 ter de la LOPJ determina la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil, conforme a dos esferas claramente diferenciadas relativas al ámbito concursal y al resto de materias.

En el ámbito concursal los juzgados de lo Mercantil conocen de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora.. Y en este sentido, la jurisdicción del juez del concurso resulta exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así́ como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá́ el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
  3. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
  4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1º
  5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.
  6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

Además, se atribuye al al Juez de lo Mercantil el conocimiento de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil con relación a:

  1. Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así́ como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
  2. Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
  3. Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo.
  4. Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
  5. Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
  6. De los procedimientos de aplicación de los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y de su derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.
  7. De los asuntos atribuidos a los Juzgados de Primera Instancia en el art. 8 de la Ley de Arbitraje cuando vengan referidos a materias contempladas en este apartado.

Entre otras críticas la doctrina se ha manifestado contraria con los limites competenciales de la especialidad mercantil, cuya determinación no parece responder a unos fundamentos concretos. Además, esta injustificada delimitación da lugar a diversos problemas interpretativos entre los que destacan:

  • El problema de la acumulación de acciones y reconvención, en los casos en los que una de las acciones resulte de la competencia exclusiva de los órganos de la jurisdicción civil, y la otra acción deba ser atribuida a los juzgados mercantiles.
  • También se plantean dudas sobre la competencia para conocer de los juicios monitorios en materias propias de los órganos de lo mercantil (artículo 813 de la LEC).
  • En los casos de las Diligencias Preliminares, cuando trata de prepararse una demanda de la que sería competente un Juzgado de lo Mercantil (257 LEC)

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