Press "Enter" to skip to content

EPÍGRAFE 8 MATERIA CIVIL Y MERCANTIL. LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA.

Tip: siempre utilizamos en la teoría los conceptos básicos de GUASP.

Concepto proceso.  El proceso como método de resolución de conflictos de carácter heterocompositivo requiere que existan dos partes enfrentadas, para poder considerar que estamos ante un proceso. En este sentido, sostenía GUASP que las partes del proceso son “quien pretende y frente a quien se pretende”.

El proceso requiere la presencia de la parte demandante, a diferencia del demandado que puede ser declarado en rebeldía en caso de no comparecer, continuando el normal desarrollo del procedimiento (art. 422.2 LEC).

Principios rectores del proceso. La posición jurídica de cada parte se desarrolla sobre los principios de dualidad, igualdad, contradicción, buena fe y lealtad procesal conforme a las siguientes características:

  • Dualidad: en todo proceso coexisten dos partes, cuya denominación en los procesos civiles es demandante y demandado, y partes acusadoras y acusadas en los penales; aunque, pueden no comparecer (rebeldía) o estar formadas por una pluralidad de sujetos.
  • Contradicción: constituye la oportunidad de alegar y probar los derechos e intereses que cada una de las partes tenga por conveniente.
  • Igualdad en la aplicación de las normas del procedimiento, para garantizar que cada una de las partes tenga las mismas oportunidades de alegar y probar sin que concurra ningún trato favorable.
  • La lealtad procesal y buena fe en el ejercicio de la acción, en la que destaca la prohibición de actuar contra los propios actos de cada parte.

Además, podemos diferenciar dentro del concepto de parte dos elementos o situaciones:

  • Parte material, constituida por el sujeto que es titular del derecho que es objeto del conflicto con otra persona.
  • Parte procesal del sujeto titular de la relación jurídico procesal, que ejercita los derechos y asumiendo las cargas y obligaciones derivadas del mismo.

El demandante está obligado a identificar adecuadamente a las partes en el momento de formular la demanda (art. 399 LEC); en concreto, debe incluir en la demanda los datos de identificación del demandante y del demandado, así como el domicilio o residencia que puedan ser emplazados (art. 155.2 y 3 LEC).

CAPACIDAD

La capacidad para ser parte es la aptitud para ser titular de los derechos y obligaciones derivados de un proceso, lo que constituye uno de los presupuestos procesales que deben concurrir para poder ser sujetos activos o pasivos de un proceso.

Capacidad para ser parte. La capacidad de ser parte es equivalente a la capacidad jurídica del derecho privado, por lo que el artículo 7.1 de la LEC establece que “sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles”. Y completa el artículo 6 de la LEC que podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:

  1. Las personas físicas.
  2. El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
  3. Las personas jurídicas.
  4. Las masas patrimoniales o los patrimonios separados.
  5. Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca la capacidad.
  6. El Ministerio Fiscal.
  7. Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso.
  8. Las entidades habilitadas según la normativa comunitaria.
  9. Las entidades no constituidas como personas jurídicas.

La capacidad procesal se atribuye al que tiene capacidad de obrar, por lo que es necesario que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. En el caso de las personas físicas en quienes no concurra tal requisito el artículo 7.2 LEC establece que habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley; y, si no hubiera persona que pueda representarles el Tribuna nombrará a un defensor judicial que asumirá su representación (8 LEC).

En el resto de los supuestos el artículo 7 de la LEC establece:

(tip: leer artículo 7 LEC)

Artículo 7. Comparecencia en juicio y representación.

1. Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

2. Las personas físicas que no se hallen en el caso del apartado anterior habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley.

3. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido.

4. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen.

5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número 4.º del apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren.

6. Las entidades sin personalidad a que se refiere el número 5.º del apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio de dichas entidades.

7. Por las entidades sin personalidad a que se refiere el número 7.º del apartado 1 y el apartado 2 del artículo anterior comparecerán en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros.

8. Las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso y los modos de suplir las se regirán por lo establecido en la Ley Concursal.

En su caso, la falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal podrá ser apreciada de oficio, y en cualquier momento del proceso en el que se pueda tener conocimiento de la misma (9 LEC); sin perjuicio de que pueda hacerse valer en la contestación a la demanda como excepción procesal (405.3 y 418 LEC).

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

La legitimación es una cuestión relativa al fondo del asunto y está vinculada directamente con el concreto objeto que se haya hecho valer en proceso, por lo que constituye la aptitud específica de cada parte. La falta de legitimación será apreciable a instancia de parte quienes podrán hacerla valer en sus escritos de contestación. Pueden distinguirse las siguientes clases y cuestiones:

 Legitimación Ordinaria

Conforma a la vinculación de las partes con el objeto procesal el artículo 10 de la LEC indica que serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.

En este sentido, la legitimación ordinaria se considera una cuestión de fondo, y no constituye un presupuesto procesal. Así, en los casos de absolución por falta de legitimación no podrá volverse a plantearse la misma acción contra el mismo demandado, como consecuencia de los efectos de la cosa juzgada de la sentencia. Pues tal absolución conlleva el reconocimiento de que el demandante o demandado carece de la relación exigible con el objeto litigioso que fundamente la pretensión planteada.

 Legitimación ex lege

En ciertos supuestos se admite la posibilidad de que personas no titulares del derecho objeto del procedimiento sean parte del mismo (legitimación extraordinaria), o que ciertas personas sean parte en el proceso ejercitando un interés difuso o colectivo (legitimación derivada del interés general). En este sentido, podemos hacer referencia a dos supuestos:

  • La sustitución procesal en la que una de las partes ejercita en nombre e interés propio un derecho ajeno, por lo que se produce una falta coincidencia entre la parte procesal y la titularidad de la relación jurídico material (10 y 301.2 LEC). Los ejemplos típicos de sustitución derivan de la acción subrogatoria (artículo 1111 CC) del acreedor; y, la acción directa del perjudicado contra el asegurador (artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro).
  • La legitimación derivada del interés general que dependiendo del supuesto puede ser ejercitada por: el Ministerio Fiscal; por consumidores y usuarios según el art. 11 LEC leído en conjunción con el artículo 7.3 LOPJ) ; y, iii) para la igualdad de trato entre mujeres y hombres (art. 11 bis LEC).

La falta de legitimación

La denuncia de falta de legitimación corresponde a las partes que lo pueden poner de manifiesto en sus escritos de contestación a la demanda, y el tribunal resolverá en sentencia sobre la concurrencia o no de la misma. En ciertos casos, la doctrina ha admitido que la falta de legitimación patente pueda ser apreciable como presupuesto procesal e incluso de oficio, y entre otras cuestiones se distingue la falta de legitimación pasiva ad causam y ad procesum.

Sucesión procesal

Esta figura se regula en los artículos 16 a 18 de la LEC, en los que se distinguen los siguientes supuestos:

  • Por causa de muerte, cuando se transmite el objeto del procedimiento por sucesión mortis causa, por lo que el sucesor deberá comunicarlo al órgano ante el que se esté resolviendo (16 LEC); o, en el caso de que el Tribunal hubiera conocido de la sucesión sin que se personase el sucesor, suspenderá el procedimiento notificando a este para que lo haga. En el caso de que se desconozca o el sucesor no quiera comparecer se continuará el procedimiento teniendo a este en rebeldía; y, si el sucedido fuera el demandante se archivará el procedimiento en caso de que no comparezca el sucesor.
  • Por transmisión del objeto litigioso, en los casos en los que pendiente el procedimiento se transmite el objeto del mismo, en cuyo caso el adquirente podrá solicitar que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente.
  • La intervención provocada (14.2.4º) en los casos en los que el demandado considere que el procedimiento se debe sustanciar frente a un tercero.

LA POSTULACIÓN: REPRESENTACIÓN Y DEFENSA

Nuestro ordenamiento jurídico procesal exige como regla general la postulación técnica, es decir, la representación por procurador y la defensa a cargo de abogado. La representación corresponde exclusivamente a los procuradores en todo tipo de procesos salvo en los que la Ley autorice otra cosa (543 LEC).

En cualquier caso, la comparecencia en juicio se debe realizar por medio de Procurador (con los requisitos del artículo 23.1 de la LEC), salvo en ciertas excepciones en las que se permite que las partes puedan comparecer por sí mismas (juicios verbales de cuantía menor a 2000 euros, juicios universales o resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita). Igualmente, los procuradores pueden realizar actos de comunicación y de tareas de auxilio y cooperación con los tribunales (art. 23.4 y 5, y 26.2 LEC).

El poder en el que la parte reconoce su representación deberá estar autorizado por notario o ser conferido por comparecencia ante el letrado de la administración de justicia, y se tiene que acompañar al primer escrito o actuación en el procedimiento.

La dirección jurídica de la defensa de los litigantes se llevada a cabo por abogados habilitados para ejercer su profesión ante el órgano de la jurisdicción que conozca el asunto (542 LOPJ). Así, no se podrá provee a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado (art. 31.1 LEC), salvo en los casos en los que no es preceptiva la intervención de abogado (31.2 y 539.1LEC), como los juicios verbales por cuantía inferior a 2000€ y la petición inicial de procedimiento monitorio.

En los casos en que no sea preceptiva la intervención de los profesionales se permite que las partes puedan valerse de ellos, pero siempre garantizando el derecho de la contraparte a poder utilizar profesionales (art. 32 LEC).

Be First to Comment

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *